A propósito del informe de la OCDE sobre el desempeño ambiental de Chile y sus recomendaciones en torno a la gestión del agua, como Junta de Vigilancia manifestamos la necesidad de reconocer la participación coordinada del sector público y el privado, sobre todo a organizaciones como las nuestras que han debido administrar la escasez que nos golpea hace ya 14 años.
En este mes de marzo se dio a conocer una nueva Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile por parte de la OCDE, en el que se entregó recomendaciones para la gestión del agua; entre ellas, emprender reformas importantes para contener la profunda crisis hídrica que afecta a ciertas zonas del país, además de modificaciones a la institucionalidad para una mejor administración del recurso.
Creemos que es fundamental la participación coordinada del sector público y el privado, porque ambos han desarrollado una tarea fundamental en la administración y distribución del agua en las distintas cuencas del país a través de las organizaciones de usuarios de agua y, específicamente, de las juntas de vigilancia.
Son estas organizaciones las que han debido administrar la falta de agua, con 14 años de sequía afectando gran parte del país y con decretos de escasez hídrica en distintas regiones -incluyendo la Metropolitana-; pero donde los habitantes del Gran Santiago no han experimentado racionamientos ni interrupciones del suministro.
Recientemente, en Cataluña, España, se declaró emergencia por sequía con restricciones en el uso de agua como cuota máxima de 200 litros diarios por habitante, prohibición de llenado de piscinas y disminución de un 80% del riego para cultivos, entre otras drásticas medidas.
Acá en Chile, afortunadamente, aún no llegamos a esos extremos y debemos valorar el aporte que cada sector ha hecho para evitar ese escenario. Debemos redoblar los esfuerzos, abrir espacios de diálogo e impulsar la acción conjunta para un camino que nos permita contar con el agua suficiente para el desarrollo de todos.
