La cita se dio en el marco de la tramitación del proyecto de ley que regula la extracción de áridos y el objetivo fue dar a conocer los efectos negativos que provoca en el lecho del río, en la infraestructura hidráulica y en las comunidades.
En dependencias del Congreso Nacional de Santiago, el Gerente y Juez de Río de la Junta de Vigilancia del Río Maipo primera sección (JVRM), Ernesto Veres; junto al gerente técnico, José Manuel Córdova; se reunieron con la senadora Alejandra Sepúlveda, integrante de la Comisión de Obras Públicas, para exponer la postura de la organización respecto de las modificaciones a la regulación de la extracción de áridos.
Actualmente, la comisión de Obras Públicas del Senado tramita un proyecto de ley para regular la actividad extractiva, iniciativa de autoría de la senadora Sepúlveda. En este contexto, la JVRM solicitó reunirse con la legisladora para exponer los graves efectos que provoca en el lecho del río, en la infraestructura hidráulica y en las comunidades.
Específicamente, los representantes de la organización dieron cuenta de las consecuencias de contar con una normativa deficiente a la hora de evaluar los alcances que tiene cada proyecto de extracción de áridos que se presenta.
Ernesto Veres afirmó que “actualmente, los proyectos que extraen menos de 50.000 m3 solo requieren de un permiso municipal y los de mayor tamaño un informe favorable de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) e ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero no están obligados a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Creemos que esto debería modificarse y que todas las iniciativas de extracción mecanizada de áridos deberían someterse al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque se trata de una actividad que sí genera consecuencias evidentes en su entorno”.
A su vez, José Manuel Córdova indicó que “la legislación actual no prevé́ ni evita efectos adversos derivados de la extracción de áridos desde los cauces de los ríos, entre otras razones, porque no se exige un análisis del impacto acumulativo de distintos proyectos, ya sea que estén en ejecución o finalizados, sino que exige un análisis de cada uno individualmente, como si se ejecutaran de forma aislada y en tiempos distintos en el río. Sin embargo, la evidencia muestra que esta actividad tiene efectos sinérgicos”.
Entre los temas que también expusieron estuvo el de la fiscalización de los volúmenes de material que se extrae en cada proyecto. Proponen que la responsabilidad que actualmente recae en las municipalidades sea traspasada a otro organismo, pues los municipios perciben ingresos por la cantidad de áridos que se extraen, lo que genera un incentivo “perverso” al momento de velar por una extracción responsable.
También propusieron la posibilidad de declarar “zonas saturadas de extracción de áridos” por parte de la autoridad competente.
El proyecto de ley que se encuentra en tramitación en la comisión de Obras Públicas aún debe evaluarse en otras comisiones como la de Recursos Hídricos y Agricultura, instancias en que los representantes de la JVRM esperan ser recibidos para exponer todos estos puntos al resto de senadores y senadoras.
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💧 Pese a advertencias, existen 30 proyectos con permisos vigentes de extracción de áridos.
