Por Luis Baertl, presidente de la Junta de Vigilancia del río Maipo Primera sección
El río Maipo se encuentra en peligro, así como otras cuencas de Chile, debido a la indiscriminada y desregulada extracción de áridos, que afecta a los principales ríos de los que depende, no sólo el consumo humano de agua, sino que actividades productivas como la agricultura, fundamental para el desarrollo del país.
De acuerdo con un estudio publicado en 2018, en el río Maipo se ha observado un promedio de 35 cm/año de degradación del lecho del río, 15 m/año de estrechamiento de la planicie de inundación y un volumen de 39 millones de m3 de pérdida neta de material desde el lecho. Ya en 2015, un estudio encargado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP concluyó que era necesario detener la actividad extractiva porque no se puede asegurar la estabilidad de las obras emplazadas en su cauce.
Es evidente entonces que el peligro que esta situación reviste es de suma gravedad. Basta con ver las bases del puente Los Morros- uno de los accesos a Santiago- profundamente dañadas, así como las torres de alta tensión ubicadas en Alto Jahuel o las bocatomas que captan el agua y permiten el riego de miles de hectáreas de cultivos. Sin mencionar todo el efecto que la actividad tiene en los ecosistemas.
Otro caso ejemplificador, es lo sucedido con los frentes lluviosos del invierno de 2023. Todos pudimos ver las comunidades aledañas inundadas, entre otras razones, por las consecuencias que la extracción de áridos provoca en la fisonomía del cauce: con un poco más de caudal que el habitual, la velocidad con que baja el agua aumenta considerablemente, posibilitando el desborde del río.
Actualmente, el Congreso Nacional tramita un proyecto de ley que busca regular la extracción de áridos, sin embargo, durante su tramitación no ha sido posible exponer todos los puntos de vista al respecto. Durante los últimos meses de 2023 intentamos insistentemente que la comisión de Obras Públicas del Senado recibiera a la Junta de Vigilancia del Río Maipo para exponer punto por punto nuestros argumentos, basados en la experiencia que vivimos día a día. Pero el esfuerzo fue en vano porque no obtuvimos respuesta, como sí la tuvieron otros grupos de interés como al gremio representante de la construcción.
¿Por qué legisladores y legisladoras no mostraron interés en conocer la información, adecuadamente respaldada, que tenemos? La respuesta no la tenemos, pero sí la convicción de que en un democracia efectiva, la elaboración de las leyes debería al menos escuchar una diversidad de puntos de vista, sobre todo si quienes los exponen conocen de cerca el tema.
Consideramos de suma relevancia que la normativa que se apruebe responda a las necesidades reales de los territorios en que se emplaza un proyecto extractivo y no sólo busque acelerar los procesos de otorgación de permisos.
En este sentido, uno de los cambios fundamentales es que todos los proyectos que consideren extracción por medios mecánicos (no artesanales) deberían contar con un Estudio de Impacto Ambiental, independientemente del volumen de extracción previsto. El análisis del impacto de la actividad de extracción sobre el río requiere ser integral y evaluarse como un todo, para ser efectivo.
Ya no es posible que cada iniciativa sea evaluada individualmente, sin considerar otras actividades de las mismas características que se realizan en un mismo cauce y que, como hemos visto en los estragos causados en los frentes climáticos del pasado invierno, generan efectos negativos que, sin duda, podrían disminuir si la normativa se modernizara y elevara los estándares de exigencia.
Esperamos que las diputadas y diputados robustezcan este proyecto de ley, de lo contrario, no habremos avanzado correctamente en una regulación que resguarde a las comunidades, al ecosistema y a las otras actividades productivas que se realizan en torno al agua de los ríos de Chile.
