Un proyecto hoy en evaluación podría alterar dramáticamente la cuenca del río Maipo. La siguiente columna para CIPER advierte no sólo de los riesgos de su aprobación sino de los problemas con los trámites formales que hoy determinan la suerte de éste y otros ríos alrededor de la RM: «Desde el punto de vista sedimentológico, el Maipo es un río enfermo, cuyo balance está alterado, por lo que autorizar una nueva actividad extractiva puede perfectamente empeorar el ya deteriorado estado de su cauce».
El cuidado de los lechos de los ríos es un tema que cobra relevancia luego de las consecuencias que dejó a su paso el frente climático que azotó la zona central del país a fines de junio pasado. La acumulación de basura, la vegetación que se tomó parte del cauce producto de la extendida falta de agua, y la indiscriminada extracción de áridos, son parte de las causas que originan los graves resultados ocasionados con la crecida de los caudales.
A los más de 28 mil damnificados, se sumó la afectación de 300 mil hectáreas de cultivos, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura. Estas se vieron perjudicadas, ya sea por la inundación de los predios o por el daño que se ocasionó en la infraestructura de captación de agua y riego.
Es importante que este fenómeno de alto impacto social, económico y medioambiental nos deje un aprendizaje. Creemos importante abordar cómo cuidamos las cuencas y avanzamos con medidas que busquen el resguardo de las comunidades y de actividades productivas tan importantes como la agricultura. Específicamente, en el río Maipo la extracción de áridos ha sido una actividad recurrente durante décadas, ocasionando múltiples consecuencias en la cuenca con la afectación a la flora y fauna, al curso del agua y a la infraestructura presente en la zona, tanto pública como privada.
Tal como lo grafica una investigación hecha sobre el impacto de este tipo de actividades [ARROSPIDEA, MAOC y ESCAURIAZA 2018], la superficie de zonas de extracción aumentó en un 325% entre 1992 y 2015, expandiéndose hacia aguas abajo.
Entre las consecuencias más preocupantes se cuentan el estrechamiento y degradación del lecho. Específicamente se ha observado un promedio de 35 cm/año de degradación, 15 m/año de estrechamiento de la planicie de inundación y un volumen de 39 millones de m3 de pérdida neta de material desde el lecho. Las faenas de extracción producen una depresión brusca en el fondo del cauce, generando un aumento local de la pendiente y con ello de la velocidad del flujo —tal como lo pudimos observar durante el citado frente climático—, con la consiguiente socavación del cauce, lo que provoca un fenómeno denominado «erosión regresiva o retógrada», porque los efectos de la socavación se trasladan aguas arriba. Este mecanismo deja en situación vulnerable a las estructuras fundadas en el cauce, como puentes, ductos y bocatomas; las que, al quedar sin soporte, pueden fallar por hundimiento.
Actualmente, un nuevo proyecto pretende instalarse entre el kilómetro 6,5 y 8 de la ribera norte, en la comuna de San Bernardo (“Continuidad Operacional Extracción de Áridos Km 6,5 a Km 8 Ribera Norte Río Maipo”, a cargo de Ecological Systems S.A.). Se trata de una iniciativa que ingresó a trámite en enero de este año y que tuvo un proceso de participación ciudadana, solicitada por usuarios del río —la Junta de Vigilancia del Río Maipo Primera Sección y Asociaciones de Canalistas— al constatar con preocupación la proliferación de este tipo de iniciativas que, analizadas de manera puntual, no dimensionan los impactos generales provocados a la cuenca completa del río. La inquietud radica precisamente en el daño que pudiera ocasionarse a la infraestructura de captación de aguas (bocatomas), porque existen al menos tres de ellas en las cercanías del área de explotación del proyecto en cuestión: la del canal Lonquén-Isla, ubicada a 300 metros aguas abajo; y, hacia aguas arriba, la de la Asociación de Canalistas Canales Unidos de Buin y la bocatoma Clarillo, siendo esta última la que sirve a las Asociaciones de Canalistas Canales de Maipo y Huidobro. De verse dañadas, se afectaría el riego de 35 mil hectáreas de cultivos, poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos para la Región Metropolitana, además de perjudicar a las exportaciones que provienen de esa zona.
Las consecuencias de la extracción de áridos sin una mirada integral son de extremo cuidado, y deberían ser consideradas al momento de tramitar este tipo de proyectos, que, por muy pequeños e inocuos que se presenten, sí generan un efecto negativo más allá del área de actuación. Pero aquí surge el problema que requiere de atención: en Chile no existe una legislación general que aborde de manera integral la actividad de extracción de áridos; el otorgamiento de los permisos recae en las municipalidades y en algunos casos en la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. El Senado estudia un proyecto de ley que busca subsanar esa situación y que, a poco más de un año de su presentación, ha tenido algunos avances en su tramitación.
Creemos que es hora de que se modifique la manera en que se evalúan estas actividades extractivas, porque hasta ahora cada nuevo proyecto es analizado individualmente, sin tomar en cuenta que la suma del resto de proyectos que genera un daño acumulativo sobre el lecho. Es grave que se analice un proyecto desconectado de otras actividades similares que operan hoy en el río, porque si no se evalúan de manera integral, se obtienen resultados erróneos en cuanto a sus impactos. Desde el punto de vista sedimentológico, el Maipo es un río enfermo, cuyo balance está alterado, por lo que autorizar una nueva actividad extractiva puede perfectamente empeorar el ya deteriorado estado de su cauce.
La extracción de áridos desde lechos fluviales ha sido prohibida en el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y Suiza; y ha sido reducida en ríos con impactos evidentes en Italia, Portugal y Nueva Zelanda. Por ahora en Chile, sólo podemos esperar que el proyecto de ley en cuestión incorpore medidas de mitigación apropiadas para evitar las graves consecuencias descritas, mientras avanzamos hacia una normativa que sea capaz de considerar las distintas iniciativas en el real impacto que tiene sobre las cuencas y su entorno.
