Consejos de cuenca: Trabajando por una gobernanza hídrica participativa.
Por Luis Baertl, presidente de la Primera sección de la Junta de Vigilancia del río Maipo.
El panorama hídrico al que nos enfrentamos desde hace varios años, con una fuerte y extendida sequía y el consiguiente riesgo en la disponibilidad de agua, tanto para el consumo humano como agro productivo, implica que se adopten medidas que permitan adaptarnos a los nuevos escenarios. En este sentido, las modificaciones hechas al Código de Aguas, específicamente en la creación de Planes Estratégicos Hídricos junto con el anuncio de 2022 sobre la formación de un consejo de cuenca para la Región Metropolitana, van en esa línea.
El Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos de Chile elaborado por el Banco Mundial en 2011 ya indicaba que existían falencias “en los sistemas de información y comunicación, la coordinación intra e inter sectorialmente, la integración de la gestión de cuencas y el fomento de la participación de los grupos interesados”.
Por ello, el consejo debe ser el espacio donde todos los actores que son tomadores de decisiones se coordinen para planificar a mediano y largo plazo la gestión del recurso hídrico, potenciando su seguridad, sostenibilidad y resiliencia. Desde la Junta de Vigilancia vamos a participar activamente, colaborando con las autoridades en todas las iniciativas que se impulsen; porque endentemos que este camino es el correcto para avanzar en una necesaria deliberación ciudadana en torno a los planes estratégicos de recursos hídricos en las cuencas, especialmente, porque la emergencia climática así lo amerita.
Es un tremendo avance que todos los estamentos – públicos y privados- de la cuenca nos sentemos en una misma mesa. El trabajo colaborativo entre los distintos usuarios del río es clave y es de suma importancia que quienes mejor conocemos las particularidades de la cuenca -en nuestro caso del río Maipo- participemos en las decisiones que le atañen; respetando las atribuciones, competencias y facultades que la normativa vigente reconoce tanto a las organizaciones de usuarios como a la autoridad hídrica del país.
Un manejo óptimo del recurso no solamente nos ayudará a consolidar la seguridad hídrica que anhelamos, sino que también facilitará alcanzar las metas medioambientales que como país hemos comprometido para responder a los efectos del cambio climático, y que implica un compromiso férreo con la protección de nuestro patrimonio natural.
En conclusión, una gobernanza participativa, técnica, autónoma y transparente, sí es posible de alcanzar, y para ello todos los actores deben contribuir a que se establezca una institucionalidad formal y permanente que propicie una gestión del recurso hídrico sostenible en el largo plazo.